Moisés MOLINA*

LOS VOLADOS DE LA JUSTICIA O DEL “MÁS VALE UN MAL ARREGLO QUE UN BUEN PLEITO”

El pasado 1de septiembre, en entrevista para MILENIO, la Ministra Loretta Ortiz propuso la “mediación” obligatoria como requisito antes de llegar a cualquier juicio.

La propuesta pareció pasar desapercibida, no obstante su relevancia.

Se trata de que nadie podrá plantear ningún asunto ante juzgados y tribunales de los poderes judiciales sin antes haber intentado siquiera ponerse de acuerdo para resolver amigablemente los problemas.

Naturalmente habrían obligadas excepciones sobre todo en la materia penal que reviste especial naturaleza por los bienes jurídicos que pudiera tutelar y cuya protección está fuera de toda negociación entre las partes.

Pero aún descontando la parcialidad de esa materia queda un amplio espectro de asuntos que pudieran ser susceptibles de un acuerdo entre las partes.

El beneficio evidente es para los poderes judiciales colapsados de asuntos que impiden que la justicia sea, como es el mandato constitucional, pronta y expedita.

Se busca que miles de asuntos se resuelvan sin necesidad de llegar a los juzgados y ello daría un respiro a todo el sistema de justicia.

Pero si lo vemos mas allá del utilitarismo judicial, la búsqueda del arreglo extrajudicial obligado entre las partes sentaría las bases de una cultura de paz tan necesaria entre nosotros.

Y es que está en nuestra cultura desear que todo lo resuelva el juez de manera que una de las partes gane todo lo que la otra pierde.

Y no obstante ser este el espíritu de la justicia profesional, independiente e imparcial, el reciente cambio de paradigma ha hecho que parte de este modelo tripartita se esté viendo alterado.

¿Hasta qué punto seguirá siendo lo mejor para las partes que un juez decida quien pierde y quien gana todo cuando hoy muchas y muchos de esos jueces están transitando una curva de aprendizaje que no sabemos cómo ni cuando terminará?

Hemos sido testigos a través de grabaciones de los mismos tribunales y juzgados de decisiones inadecuadas e indebidas que jueces y magistrados han tomado, incluso por mayoría.

Y esto va mas allá de si la reforma judicial fue mala o buena, necesidad u ocurrencia, necesario ajuste o venganza.

Habrá cada vez mas casos documentados en que , producto de una mala e irresponsable selección de perfiles, sigan pagando justos por pecadores.

Así las cosas, los Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC) adquieren realce.

Tenemos facilitadores públicos y -poco a poco- cada vez mas facilitadores privados, mejor capacitados que los propios juzgadores para lograr acuerdos justos para que las partes no tengan la necesidad de “arriesgarse” a un volado en tribunales.

Tenemos además ya un marco legal sólido con disposiciones constitucionales y leyes reglamentarias a nivel federal y en la mayoría de los estados en materia de medios alternativos de solución de controversias que, además de regular pormenorizadamente los procedimientos autocompositivos y de arbitraje, señalan con claridad procedimientos y requisitos de acreditación para que alguien pueda ser facilitador certificado.

No obstante que en el caso de Oaxaca los nuevos perfiles de juezas, jueces, magistradas y magistrados federales son idóneos y ampliamente competentes por su capacidad y experiencia en la rama judicial (al menos en quienes yo conozco, que son la mayoría) urge la ley local de medios alternativos de solución de controversias que regule los pormenores del sistema MASC en Oaxaca.

Y estoy seguro de que no tardará

Los MASC son el presente  de México y deben ser el futuro inmediato de la justicia en Oaxaca para despresurizar juzgados y tribunales , y para que se vaya haciendo costumbre aquella sabiduría popular que reza que “mas vale un mal arreglo que un buen pleito”

*Magistrado Presidente de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca

Por Diego Solano

En su libro Revelaciones de un crimen de Estado, la periodista Soledad Jarquín expone una presunta red de sobornos y complicidades políticas que vinculan al senador de Morena, Antonino Morales Toledo, con el triple asesinato de su hija, María del Sol Cruz Jarquín, la candidata Pamela Terán y el profesor Adelfo Guerra, ocurrido el 2 de junio de 2018 en Juchitán, Oaxaca. La autora señala que este crimen habría sido parte de una conspiración orquestada para beneficiar políticamente a ciertos actores en la región.

Jarquín apunta directamente al senador Morales Toledo como uno de los principales implicados en la trama, acusándolo de operar en favor de un candidato respaldado por él y por tres expresidentes municipales de Juchitán: dos hombres y una mujer. Esta última, identificada como Gloria Sánchez. Según la investigación de la periodista, esta alianza habría diseñado una estrategia que culminó en los asesinatos, con el objetivo de consolidar el poder político en el referido municipio.

En su libro, la autora revela que Antonino Morales Toledo enfrenta señalamientos por presuntos delitos federales, incluyendo actividades relacionadas con el huachicol (robo de hidrocarburos a ductos de Pemex). Morales Toledo, descrito como un operador político clave de la llamada “4T” en Oaxaca, ha desempeñado roles importantes en la administración de Salomón Jara Cruz —a quien dice financió—, lo que reforzaría su influencia en la región y su capacidad para articular redes de complicidad.

Otro elemento central de la denuncia es el contacto que Jarquín recibió del ministerio público Alejandro Moreno, quien le informó que Porfirio Montero Fuentes y Hageo Montero López, este último candidato priista a la presidencia municipal de Juchitán, entregaron un maletín con dinero al expresidente del Poder Judicial de Oaxaca, Raúl Bolaños Cacho. Este soborno habría tenido como propósito evitar que un familiar de los implicados fuera procesado por su presunta participación en el crimen.

La investigación también destaca la relación de larga data entre Raúl Bolaños Cacho y Porfirio Montero, cuya amistad se remonta a décadas atrás. Esta conexión habría facilitado la confluencia de intereses políticos y judiciales, evidenciada en 1983, cuando el Congreso local intervino en el ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, un hecho que, según Jarquín, refleja el entrelazamiento de poderes en la entidad.

Jarquín asegura que los tres expresidentes municipales de Juchitán habrían recibido 40 millones de pesos del senador Morales Toledo para operar en favor del candidato respaldado por ellos. A cambio, habrían participado activamente en la planificación y ejecución de la estrategia que derivó en el triple homicidio, consolidando así una red de complicidad que involucra a figuras políticas y judiciales de alto nivel.

El libro, presentado con el apoyo de organizaciones como Consorcio Oaxaca, Front Line Defenders y Ziviler Friedensdienst, es descrito por la autora como un ejercicio de justicia alternativa ante la falta de avances en las investigaciones oficiales y el silencio de las autoridades. La obra busca visibilizar las irregularidades y exigir justicia para María del Sol, Pamela Terán y Adelfo Guerra, en un contexto donde la impunidad parece prevalecer.